Carta abierta a los rectores de las universidades españolas

1. La anulación de la denominación de la titulación de Grado en Ingeniería de Edificación constituiría, a nuestro juicio, una evidente vulneración efectiva de la autonomía que el actual ordenamiento jurídico y normativo otorga a las universidades en la definición de los objetivos, contenidos académicos y competencias propios de cada titulación universitaria.

En el uso de esa exclusiva competencia, las universidades españolas concluyeron conjunta y solidariamente que la denominación de la titulación de grado que habilitase para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico no fuese otra que la de Ingeniería de Edificación. En el uso, entonces, de las atribuciones que les son propias y exclusivas, las universidades fundamentaron esta resolución tanto en argumentos académicos, puesto que las materias y metodologías que se definieron y se incluyeron en los correspondientes planes de estudio se situaban inherentemente en el campo de la ingeniería, como en evidencias disciplinares o curriculares, habida cuenta de la existencia de un gran número de titulaciones que, en el ámbito europeo, principalmente, recogen esta misma denominación y, por supuesto, similares contenidos y competencias. La definición de la titulación de Grado en Ingeniería de Edificación, muy sólidamente argumentada por las universidades, y su proceso de implantación, que ha satisfecho todos y cada uno de los requerimientos normativos universitarios, autonómicos y nacionales, no hubieran debido ser nunca cuestionados. Consideramos que los argumentos en los que se sustenta el recurso emprendido, principalmente, por el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales contra la denominación del título de Grado en Ingeniería de Edificación contenida en la ya mencionada Resolución de 17 de diciembre de 2007 de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, se sitúan en un ámbito absolutamente ajeno al discurso universitario que ha justificado la definición de esta nueva titulación, afectando así, sustancialmente, a la intrínseca competencia de la Universidad en la fundamentación y argumentación de sus decisiones.

2. La argumentación expuesta por el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales en su recurso a la Resolución de 17 de diciembre de 2007 de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, estimado favorablemente por el Tribunal Supremo en su sentencia del 9 de marzo de 2010, sobre el carácter generalista e inductor a la confusión del título de Grado en Ingeniería de Edificación, carece, al situarse fuera del discurso universitario, de coherencia académica.

Efectivamente, tal argumentación se fundamenta, en primer término, en una apreciación. De acuerdo a ella, la denominación de Grado en Ingeniería de Edificación es excesivamente generalista e induce a confusión, ya que esta denominación podría sugerir o induciría a pensar que los titulados en Ingeniería de Edificación "tienen en detrimento de otros profesionales una competencia exclusiva en materia de edificación”. Los firmantes de este escrito manifestamos nuestra más profunda preocupación ante el hecho de que una mera apreciación, con el grado de subjetividad que toda apreciación inevitablemente conlleva, pueda ser considerada como argumento jurídico y, más aún, cuando esta apreciación se aleja tan sustancialmente de la realidad del proceso de la edificación, en el que no cabe pensar en la existencia de un profesional con competencias exclusivas en este campo. Nada más absurdo. La complejidad actual de los proyectos de edificación muestra por el contrario que en su planteamiento y en su ejecución deben intervenir necesariamente profesionales con muy diversas competencias técnicas y de gestión. La invocación a una futura figura profesional con competencias exclusivas en materia de edificación nos parece pues una profecía que no está en absoluto justificada. Y, en coherencia con esta evidencia, ni los objetivos de la titulación de Grado en Ingeniería de Edificación ni sus competencias, se han formulado o desarrollado bajo esa perspectiva excluyente y, desde luego, ajena a los redactores de los planes de estudio de estas titulaciones, plenamente conscientes de que el nuevo título de Grado en Ingeniería de Edificación debe, en muy primer término, ajustarse a las competencias del Arquitecto Técnico y, por tanto, a las atribuciones profesionales limitadas que la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación establece para esta figura profesional. Y por ello mismo, nos parece absolutamente sorprendente la atribución a la titulación de Grado en Ingeniería de Edificación de un excesivo carácter generalista, puesto que su campo de actuación está plena y concretamente definido, muy lejos, por lo tanto, del grado de ambigüedad o generalidad con la que puede concebirse una ingeniería en todos los sectores industriales o tecnológicos.

3. La argumentación expuesta por el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales en su recurso a la Resolución de 17 de diciembre de 2007 de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, estimado favorablemente por el Tribunal Supremo en su sentencia del 9 de marzo de 2010, consistente en la posible vulneración del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación de enseñanzas universitarias oficiales ante la inexistencia de la profesión regulada de Ingeniero de Edificación, tiene especiales y extremadamente graves repercusiones sobre la reforma que las universidades, en virtud de su autonomía, han establecido sobre la ordenación de las titulaciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas.  

En este sentido, desde nuestra perspectiva exclusivamente universitaria, no podemos sino hacer notar que este argumento, en sí mismo, contradice los fundamentos sobre los que se ha diseñado la ordenación de nuestro sistema universitario en el marco común europeo. Esta nueva ordenación ha logrado mantener hasta ahora el compromiso entre la necesidad de identificación de la profesión regulada a la que se accede con una determinada titulación universitaria y la necesidad de identificación en el sistema universitario europeo de esa titulación. Así, al igual que se entiende complicado mantener en el nuevo marco europeo una titulación académica de Grado en Ingeniería Técnica Industrial, con sus especialidades, y sí, por el contrario, titulaciones con la denominación de Grado en Ingeniería Mecánica o en Ingeniería Eléctrica, resulta difícil situar en esta referencia europea común una titulación universitaria de Arquitectura Técnica y sí, plenamente, la de Grado en Ingeniería de Edificación. La invocación, por tanto, de una pretendida confusión entre la denominación de los estudios universitarios y la profesión a que estos estudios habilitan compromete grave y tardíamente, a nuestro juicio, la actual ordenación de los estudios universitarios.

Atendiendo entonces a nuestra responsabilidad no podemos sino rechazar las argumentaciones que, cuestionando la denominación de la titulación de Grado en Ingeniería de Edificación, se han formulado por diversos colegios profesionales en el ámbito de otras ingenierías. Como hemos indicado, estas argumentaciones se enmarcan en un contexto extra-académico que debemos, en el uso de nuestra independencia y autonomía, denunciar como una inadmisible injerencia.

Atendiendo, por fin, también a nuestra responsabilidad, debemos hacer notar el gran perjuicio que se está ocasionando a nuestras escuelas y a sus estudiantes con el mantenimiento de esta situación de indefinición. Son miles las personas que en las universidades españolas están estudiando, o ya se han graduado, una titulación cuya denominación está en entredicho y también se cuentan ya por miles los profesionales de la Arquitectura Técnica que han cursado las materias complementarias que les han permitido graduarse en Ingeniería de Edificación. No es fácil valorar el descrédito social que supondría para nuestras escuelas y para nuestro sistema universitario en su conjunto la inhabilitación judicial de la denominación del título de Grado en Ingeniería de Edificación, puesto que nunca se ha dado en la Universidad española una situación de similar naturaleza y envergadura. Este descrédito adquiriría ahora, además, una dimensión europea, puesto que la modificación de la denominación del título con la que han sido suscritos numerosos acuerdos de cooperación educativa o acuerdos de doble titulación con universidades europeas sería difícil de justificar.

Esta carta se emite en un momento en que coexisten sentencias contradictorias, emitidas por diferentes Tribunales de Justicia, que afectan de forma diferenciada y, por tanto, potencialmente discriminatoria, al título de Grado en Ingeniería de Edificación en diversas universidades.

Por todo ello, solicitamos a los Rectores de las universidades españolas que adopten, a la mayor brevedad posible, los acuerdos oportunos para garantizar que los títulos propuestos por las universidades dentro de su autonomía y aprobados por el Gobierno no puedan ser susceptibles de cuestionamiento judicial y emprendan las acciones necesarias para que la denominación de los estudios de Grado en Ingeniería de Edificación, acordada por todas las universidades en el ejercicio autónomo de la responsabilidad que la ordenación jurídica les confiere, sea final y definitivamente respetada.